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Marcos García-Montes

 

 

 

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VUELOS HACIA LA TORTURA

 

          Desde hace mucho tiempo la lucha contra el terrorismo establecida por el gobierno del los Estados Unidos ha abandonado el estado de derecho. A la noticia confirmada por The Washington Post y por el grupo Human Rights Watch, del establecimiento de una extensa red clandestina de cárceles operada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para "sospechosos" de militar en Al  Qaeda (La Base) se une ahora la noticia de las escalas que efectuaron los aviones Boeing 737 y Gulfstream de la CIA en lugares como Palma de Mallorca y Tenerife.

Estas escalas de las aeronaves fletadas por la compañía Stevens Express de Tennessee no se han dado sólo en aeropuertos españoles sino también se han producido en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Noruega, Suecia y Marruecos.

El informe de la Guardia Civil que la fiscalía balear solicitó a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano habla de la presunta existencia de cuatro aviones utilizados por la CIA bajo la pantalla de compañías privadas, que habrían realizado 10 vuelos secretos con escala en el aeropuerto de Mallorca entre enero de 2004 y enero de 2005. Al menos otras cuatro escalas aparecen registradas en Tenerife y una más en Ibiza.

Italia y Alemania ya han iniciado investigaciones penales para la averiguación de estos traslados por medio de los cuales se intenta evitar el control judicial de los países europeos e incluso de los propios jueces de los Estados Unidos. Pero no podemos olvidar que esta practica no es reciente y en la memoria de todos están los casos de el egipcio Talat Fuad Qassem que fue detenido en Zagreb por la policía croata y entregado a la CIA y trasladado a Egipto en 1995; Maher Arar, ingeniero canadiense de origen sirio, detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York en septiembre de 2002 y trasladado a Siria; en octubre de 2001, Mamduh Habib, de nacionalidad australiana y origen egipcio, fue detenido en Pakistán y enviado a Afganistán; el alemán de origen libanés Jaled el Masri, secuestrado en Macedonia en diciembre de 2003 y llevado al parecer a Afganistán, etc...

Hasta ahora excepto honrosas excepciones, gobiernos, jueces y ciudadanos, han mirado hacia otro lado pues parecía que, en este mundo globalizado, era una cuestión de algunos países y de algunos ciudadanos.

En este momento y dejando de lado el "ruido político" que será sustituido más tarde o mas temprano por otra cuestión "más noticiable" es la hora de que nuestros órganos jurisdiccionales actúen.  "Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida"( Beccaria).

Lo que debemos tener claro es que frente al delito de torturas, existe un consenso internacional muy amplio en orden a su prohibición y sanción como delito de derecho internacional, manifestado, entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La prohibición aparece también en la Constitución Española, artículo 15. Este consenso internacional cristaliza en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, y que ha sido ratificada tanto por España como por Estados Unidos.

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una copiosa doctrina sobre el derecho a la libertad establecido en el Convenio de Protección de los Derechos Fundamentales en casos como Neumeister (1968), Stogmuller y Maznetter (1969), Ringeisen (1971) y Guzzardi (1980) para evitar las detenciones no legales y las consecuencias de las mismas.

Según las informaciones que ahora tenemos podría existir un delito de torturas cometido no sólo de los autores materiales del hecho sino también de las autoridades españolas que tuvieron conocimiento de los vuelos. Por ahora sólo sabemos que los derechos inalienables de personas están siendo violadas delante de nuestros ojos y en nuestro territorio.

Fdo.: Marcos García-Montes.

Letrado Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

 

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